Desde que Javier Milei asumió su presidencia -diciembre de 2023-, la devaluación del 118%, la desregulación de la economía, la liberación de los precios y de las tarifas de servicios básicos, junto al congelamiento de salarios, jubilaciones y prestaciones sociales, han llevado a la mayor caída de los ingresos de los sectores populares que se haya registrado en los últimos 30 años. Por donde se lo mire, estamos ante un escenario de desprotección, en todos los niveles.
No obstante, y si algo faltaba aún, el presidente decidió pisar el acelerador a fondo y llevarse todo por delante, confirmando así no sólo sus pretendidas fórmulas mágicas en lo que respecta a la economía, sino también su ya marcada intención de desmantelar todo tipo de políticas que tiendan a la igualdad en materia de derechos, especialmente en lo que refiere a minorías, pero también en relación a las mujeres, en un franco ataque a las conquistas logradas en los últimos años.
Las últimas expresiones públicas del líder de La Libertad Avanza, especialmente en el Foro de Davos, no hacen más que ratificar una postura contraria a lo que estricta o formalmente se denomina «políticas de género», cuestión que ya había sido puesta en evidencia al poco tiempo de dar comienzo a su mandato. Por caso, en sus primeros seis meses de gestión, Milei implementó medidas que, lisa y llanamente, vinieron a desmantelar décadas de acciones feministas y de género en el país.
Por caso, se puede hacer mención al cierre de instituciones clave como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que en un principio fue reducido a una subsecretaría contra la Violencia de Género, para luego ser eliminada; o al fuerte desfinanciamiento a los programas de apoyo como el «Acompañar», que brindaba apoyo económico a mujeres y personas de la comunidad LGTBI+ víctimas de violencia, limitando su alcance y efectividad en un contexto de alta inflación; o a la eliminación de políticas de igualdad, haciendo desaparecer leyes de paridad de género y cupos laborales para minorías sexuales, además de prohibir la perspectiva de género en la administración pública.
Todas estas medidas generaron fuertes críticas tanto a nivel nacional como internacional, con organizaciones de derechos humanos y feministas advirtiendo sobre el retroceso en la protección de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales en Argentina. Sin embargo, si hay algo a lo que Milei hace oídos sordos es a las advertencias de quienes señalan, por ejemplo, que en nuestro país entre las personas con menores ingresos, 2 de cada 3 son mujeres, o que, a su vez, son las mujeres las que mayormente están a cargo de las tareas del hogar y del cuidado del 57,5% de los niños, niñas y adolescentes que hoy se encuentran bajo la línea de pobreza en Argentina y que la mayoría de ellas cría a sus hijos solas.
En esa dirección, Milei insistió en negar la brecha salarial en la misma semana en que la estadounidense Claudia Goldin fue galardonada con el Premio Nobel por su contribución al avance en la comprensión de las principales causas de las brechas de género en el mercado laboral. Entre otras cosas, la académica sueca confirmó que la falta de corresponsabilidad social y de género en las tareas de cuidado de los hijos y su impacto en el salario es central para los estudios económicos.
Como si todo esto fuera poco, y de acuerdo con la información brindada por el Observatorio de Violencias por Motivos de Género “Mercedes Pagnutti”, a lo largo y a lo ancho del país se registraron un total de 265 muertes violentas durante el año 2024. De ese número, 255 corresponden a femicidios, 7 a trans/travesticidios y 3 a lesbicidios. Además, 168 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre. Nada, absolutamente nada, hace pensar que esas dramáticas cifras a las que Milei no presta atención puedan mejorar en el presente año.
Una prueba más de ello es la manifiesta intención del gobierno de La Libertad Avanza de eliminar del Código Penal la figura de Femicidio. “Llegamos al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”, afirmó el mandatario nacional en Davos. “Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino. Porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra”, replicó el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. ¿Fin?
Política pública, ante todo
«Eliminar el feminicidio como categoría legal pondría en mayor riesgo a mujeres y niñas», sentenció Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina. El panorama, claro está, puede aparecer como desolador. ¿Pero qué ocurre con las administraciones locales que en nada adhieren a la avanzada de Milei y sus principales referentes sobre derechos adquiridos?
En lo que respecta puntualmente a La Rioja, el fortalecimiento de las políticas contra la violencia de género sigue evidenciando un enfoque integral, al igual que un claro compromiso con la erradicación de esa violencia y la ampliación de derechos. Los contrastes, en este sentido, resultan abismales y abren la puerta a una luz de esperanza, especialmente para quienes sufren la discriminación y el abandono por parte del gobierno nacional.
En un contexto socioeconómico y político adverso, la provincia de La Rioja reafirmó a lo largo de 2024 su compromiso con la ampliación de derechos y la erradicación de la violencia de género. Así lo refleja el reciente Informe de Gestión 2024 de la Secretaría de la Mujer y Diversidad, que detalla las acciones implementadas para atender y prevenir esta problemática estructural.
Uno de los puntos centrales del informe es la asistencia integral a víctimas de violencia de género. Durante el último año, la provincia brindó atención a más de 23.500 llamados y 1.509 casos presenciales, además de garantizar apoyo económico a 816 mujeres y sus familias. En este marco, se fortaleció el Hogar de Protección «Nuevo Camino», un refugio que garantiza atención interdisciplinaria y articulaciones con el Poder Judicial y otros ministerios para intervenciones rápidas y efectivas.
A su vez, la formación y capacitación en perspectiva de género ha sido clave para transversalizar la problemática en el ámbito estatal. Más de 3.380 agentes fueron capacitados en la Ley Micaela, con el objetivo de garantizar un abordaje con perspectiva de derechos en todas las áreas gubernamentales. La descentralización de estas políticas permitió que el programa se extendiera a distintos municipios a través de la Red Municipalista, asegurando la llegada de estos recursos a cada rincón de la provincia.
Además de la atención y la capacitación, el informe destaca la importancia de la prevención y sensibilización. Se llevaron a cabo campañas de concientización en el marco de fechas emblemáticas como el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) y el 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer). También se promovieron espacios de reflexión en municipios y zonas rurales, alcanzando a 57.770 personas en distintas actividades de difusión y educación.
Otro aspecto fundamental ha sido la autonomía económica de las mujeres y diversidades, entendida como una herramienta clave para salir de los círculos de violencia. En ese sentido, se fortaleció la Casa Pachakusi, un espacio dedicado a la formación laboral con trayectos en cuidados gerontológicos, barbería y otras disciplinas orientadas a la empleabilidad.
La diversidad también ocupa un lugar central en las políticas públicas de la Secretaría. En este marco, se consolidaron programas como «Protagonistas», destinado a la inclusión laboral de personas del colectivo LGBTIQ+, y el Programa de Deporte Inclusivo, con torneos y actividades que promueven la igualdad en el ámbito deportivo.
El informe de gestión no solo expone cifras y logros, sino que también traza una hoja de ruta para continuar fortaleciendo estas políticas en el futuro. En un contexto donde los derechos de mujeres y diversidades se ven amenazados, La Rioja apuesta a la transversalización de la perspectiva de género como un pilar fundamental de su política pública.
Quienes optaron por un cambio en las elecciones que consagraron a Javier Milei como presidente, muy seguramente y con todo su derecho a hacerlo, lo hicieron con la esperanza de tener un mejor pasar tanto a nivel económico como en lo que respecta al respeto irrestricto por los derechos adquiridos y por adquirir. A la luz de los acontecimientos, los contrastes entre las políticas y medidas adoptadas por el gobierno nacional son una señal flagrante del peligroso retroceso en el que ha ingresado el país.
Frente a esta violencia institucionalizada, decisiones claras, firmes y sostenidas en el tiempo como las adoptadas por el gobierno de La Rioja en materia de diversidad y género, no dejan de abrir la puerta a la esperanza concreta y palpable de poder sostener en el tiempo ese enfoque integral que abarque a todos los riojanos, a pesar incluso de los intentos de Nación de arrasar con todo a su paso.