A lo largo de su primer año de mandato, el mileismo en sus diferentes facciones dio sobradas muestras de una metodología de gobernanza que hace hincapié, lisa y llanamente, en el avasallamiento de las instituciones, bajo el pretexto de la reducción del Estado al que desprecia y al que puso en jaque, dejando a los sectores más vulnerables directamente expuestos a la voracidad del mercado, cuestión que a la luz de los acontecimientos no hizo más que acelerar la desigualdad y la precariedad que repercutió, por ejemplo y muy fuertemente, en la incidencia de la pobreza en el país.

En líneas generales, la retórica individualista y discriminatoria del Presidente, que vino a exaltar las ventajas empresariales desmedidas, no solo ignora profundamente la complejidad del esquema social del país que dice representar, sino que al mismo tiempo sumió en la orfandad a las condiciones mínimas para una vida digna, en un contexto de anarquía y desigualdad que, además, hace oídos sordos por igual a principios básicos y conquistas sociales irrenunciables.

Ese evidente desconocimiento, precisamente, es el que da paso al atropello, incluso, de lo establecido en la Constitución Nacional Argentina, siendo ello un muestrario de la carencia de contenido republicano y del sentido federal que recubre a la Nación y que no deja de generar asombro, toda vez que constituye la marca registrada de un sector que logra afianzarse en el pleno uso de la desinformación, dejando así de lado la valoración de los hechos concretos, en lo que constituye el ejercicio de una constante agresión que pone en riesgo los derechos fundamentales de los argentinos.

Una de las muestras más recientes de este mecanismo de embestida contra las instituciones es el intento de avance del Gobierno Nacional sobre los municipios, situación que generó la pronta reacción de más de 500 jefes comunales que cuestionaron, en este caso, al ministro de Economía Luis Caputo, alter ego del mandatario nacional. El intento libertario de poner un freno a las tasas municipales no sólo unificó el rechazo frente a lo que se considera un paso más hacia la profundización de una crisis sin precedentes, sino que también dejó en evidencia las claras intenciones de poner contra las cuerdas a un sistema de tributos locales legalmente enmarcado y que no tiene otro objetivo que no sea llevar al abismo económico a las comunas, hecho que no puede más que impactar de lleno en las provincias a las que el poder central intenta poner de rodillas para obligarlas a sumarse a las políticas de ajuste que aplica y pregona Milei, envalentonado por los espejismos del reconocimiento internacional que, en lo concreto, dista mucho de generar algún beneficio, más allá de su satisfacción personal.

Ocurre que mientras esa falsa aurora recubre estrepitosos fracasos como el de la política energética de LLA (la actual gestión está pagando gas importado por varias veces lo que cuesta el que se produce en el país), las administraciones locales se debaten en la necesidad de resistir a los embates anarcocapitalistas poniendo como único escudo el respeto por lo preestablecido, aun cuando ello signifique pasar a integrar de inmediato la lista negra del mileismo, cuestión que alcanza, por otra parte, a todo aquel que se exprese en sentido contrario al pensamiento único que se pretende imponer desde Casa Rosada. La Rioja, claro está, no es la excepción a esa regla no escrita, pero ejercida a rajatabla.

De hecho, fue el propio ministro Caputo quien instó al gobernador Ricardo Quintela -a través de una nota fechada el pasado 7 de enero del corriente- a tomar acciones sobre los tributos locales, a los fines de que los municipios riojanos dejen de ejercer su autonomía, avalada tanto por la Constitución Nacional como por la Ley de Coparticipación Federal. La respuesta del mandatario provincial no tardó en llegar y se expresó desde la contundencia que otorga lo establecido por Ley, algo a lo que LLA definitivamente no es afecto, ya sea por ignorancia, por indiferencia o por el simple hecho de querer pasar la motosierra incluso por sobre lo escrito, único resguardo -por otra parte- para el sistema democrático en que convivimos.

En cuestión de posicionamientos, sabido es el lugar que el Gobierno provincial decidió ocupar en la intrincada coyuntura nacional. Sin embargo, ese posicionamiento va mucho más allá de lo que políticamente se pone en juego en el día a día y tiene que ver, fundamentalmente, con poner por delante los preceptos que marcan la construcción de La Rioja a lo largo de su rica historia, desde su génesis hasta este presente en el que vuelve a ser gravemente discriminada por el Gobierno Nacional, que manifiesta públicamente su desprecio por el mal llamado «interior», cuestión que en lo concreto se traduce, por ejemplo, en el incumpliendo respecto del envío de fondos que pertenecen por Ley la Casa de las Tejas, lo que se traduce en perjuicios que el gobernador Quintela ya enumeró convenientemente. A saber: suspensión de la obra pública a nivel provincial, comprometida con los recursos asignados por Nación, con el consecuente despido de 3 mil empleados de la construcción, eliminación del Fondo Compensador del Interior (Transporte), eliminación del Fondo de Incentivo Docente, Eliminación del Fondo Federal de Transporte Eléctrico, incumplimiento de la Ley 23996 (impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono) desfinanciando el mantenimiento, la conservación y la transitabilidad en la Provincia de las rutas nacionales, entre otras cuestiones para nada menores.

En suma, el intento del Gobierno Nacional de avasallar las potestades tributarias municipales tiene que ver fundamentalmente con un modo de entender y ejercer la política en la que los vecinos de cada ciudad -de no mediar un sólido y unánime rechazo por parte de los jefes comunales y el propio gobernador Quintela- deberían quedar irremediablemente condenados a un deterioro significativo en la prestación de los servicios esenciales (ya de por sí siempre complicados de sostener). No obstante -cabe señalarlo-, la manera en que el Gobierno Nacional intenta poner el pie encima a provincias y municipios no tiene que ver solo con esa metodología de por sí destructiva, sino también y por sobre todas las cosas con el claro objetivo de avasallar la institucionalidad, incrementar las asimetrías y pulverizar el federalismo, señales concretas de una gestión que, seguramente y de no mediar un volantazo milagroso, no cederá en su propósito de agudizar las medidas que promueven, entre otras cosas, la injusta distribución de los recursos y una política económica en la cual los únicos beneficiados son los poderosos.