La vida del otro lado de la llave

La puerta debía sonar distinto según el lado desde el que se escuchara. Para quien la cerraba era una tarea más: empujar la madera, acomodar el hierro, hacer girar la llave y comprobar que nadie pudiera abrir desde adentro. Para el hombre que quedaba detrás, en cambio, ese ruido separaba dos mundos. Afuera continuaba La Rioja con sus calles de tierra, sus campanas, los animales atravesando la ciudad, las conversaciones en las puertas, algún carro que pasaba levantando polvo y una vida que seguía ocurriendo sin pedirle permiso. Adentro empezaba otra medida del tiempo. Un tiempo que ya no pertenecía del todo a quien debía vivirlo.
El 21 de noviembre de 1869, el Poder Ejecutivo riojano aprobó un Reglamento de la Cárcel dividido en dos capítulos. Uno se ocupaba de la cárcel, los presos y la participación que en aquel funcionamiento tenía el servicio militar; el otro establecía las obligaciones del alcalde, el hombre que quedaba del lado de la llave. La disposición puede parecer menor frente a las grandes leyes, las guerras y los nombres que llenan la historia del siglo XIX, pero permite mirar por una rendija hacia algo mucho más difícil de encontrar: la manera en que se intentaba ordenar la vida de quienes habían perdido la libertad.
No sabemos quiénes durmieron aquella noche encerrados allí ni cuántos eran. Tampoco tenemos, por ahora, una descripción suficiente que nos permita reconstruir sin fantasía cada pared, cada catre o cada comida de la cárcel riojana de 1869. Y tal vez haya algo revelador en esa ausencia. Los presos suelen dejar poco rastro cuando no fueron célebres. La historia conserva mejor al juez que dicta la sentencia, al gobernador que firma una disposición y al funcionario que custodia una puerta que al hombre anónimo que pasa meses detrás de ella. De muchos no quedó la voz. Apenas la condición: preso.
La cárcel riojana de entonces estaba todavía muy lejos de la institución penitenciaria que se desarrollaría décadas después. El edificio policial y carcelario que conocemos para fines de la década de 1880 sería apenas un conjunto de cuartos situados en el patio trasero de la Policía, junto a la Casa de Gobierno. Si ésa era todavía la precariedad veinte años más tarde, cuesta imaginar un 1869 de comodidades. La prisión formaba parte de un Estado pequeño, pobre y todavía en formación, que intentaba construir juzgados, policía, escuelas, caminos y administración casi al mismo tiempo que salía de décadas de guerras civiles. También intentaba aprender a encerrar.
Y encerrar no era solamente cerrar una puerta.
Era decidir quién tenía autoridad sobre el cuerpo de otro hombre.
Cuándo podía moverse. Quién debía vigilarlo. Quién respondía si escapaba. Qué obligaciones tenía el alcalde. Qué relación existía entre la cárcel y la fuerza encargada de custodiarla. El solo hecho de que el reglamento necesitara precisar esas cuestiones deja entrever un mundo anterior mucho menos ordenado, donde las fronteras entre justicia, policía y servicio militar todavía no estaban trazadas con la nitidez que adquirirían después. La Rioja buscaba reglamentar la prisión porque la cárcel también debía convertirse en una institución y dejar de depender, al menos en parte, de la improvisación y del arbitrio de quien tuviera momentáneamente las llaves.
Pero ninguna norma consigue explicar qué significa estar preso.
El reglamento puede decir quién custodia una puerta; no dice cuánto tarda una noche cuando uno no puede salir. Puede ordenar obligaciones; no registra el momento en que un hombre escucha voces del otro lado y reconoce entre ellas el ruido de una ciudad de la que sigue formando parte aunque ya no pueda caminarla. Tampoco explica qué ocurre cuando llega el amanecer y se descubre que, para quien está encerrado, todos los días comienzan exactamente en el mismo lugar.
En 1869 esa experiencia tenía además una cercanía particular con la violencia política. La Rioja acababa de atravesar años feroces. El Chacho había sido asesinado seis años antes. Las montoneras, los levantamientos, las intervenciones y las persecuciones habían convertido la frontera entre enemigo político, rebelde, prisionero y delincuente en una zona muchas veces confusa. El país todavía estaba tratando de decidir qué hacer con quienes desafiaban el nuevo orden, y las cárceles provinciales recibían también las consecuencias de esas disputas. Que el propio reglamento riojano incluyera una referencia al servicio militar muestra hasta qué punto aquellas instituciones podían entrecruzarse en un Estado que todavía no había separado completamente sus funciones.
Eso vuelve especialmente interesante la figura del alcalde. No era solamente un hombre encargado de una casa cerrada. Tenía bajo su responsabilidad personas que ya no podían disponer libremente de sí mismas. En un establecimiento pequeño y precario, su poder cotidiano podía ser enorme. El reglamento intentaba ponerle también límites y deberes. Antes de ordenar al preso, el Estado necesitaba ordenar al carcelero.
Quizá ése sea el detalle más moderno de aquella vieja disposición.
La prisión comenzaba lentamente a dejar de ser sólo un lugar donde poner personas para convertirse en algo que debía administrarse.
Aún faltaba mucho. Faltaban edificios adecuados, concepciones penitenciarias más desarrolladas, códigos consolidados y una estructura estable. La Rioja recién adoptaría años después un código penal provincial inspirado en el proyecto de Carlos Tejedor, y todavía hacia fines de la década de 1880 su cárcel pública tendría una materialidad modesta. En 1869 todo parecía estar en construcción, incluso el castigo.
Por eso aquella fecha interesa menos por el reglamento mismo que por lo que permite imaginar alrededor suyo. Una ciudad pequeña. Una cárcel pequeña. Hombres encerrados cuyos nombres se perdieron. Un alcalde obligado desde entonces a cumplir determinadas reglas. Soldados participando de una estructura de custodia todavía vinculada con el orden público. Y una llave. Sobre todo una llave.
No sabemos quién la llevaba aquel 21 de noviembre ni quién escuchó cómo giraba del otro lado. Tampoco sabemos si alguno de esos presos volvió años después a pasar frente al lugar donde había estado encerrado y recordó el sonido exacto de aquella puerta.
Los reglamentos no guardan esas cosas. Anotan obligaciones, funciones, autoridades. La vida queda afuera. O, en este caso, adentro.
Porque para quien cerraba la cárcel, una vuelta de llave podía significar que el trabajo estaba cumplido.
Para quien quedaba detrás, era otra cosa.
Era escuchar cómo todo el mundo seguía existiendo a pocos metros.
Y no poder llegar hasta él.

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