Durante una clase con estudiantes de primer año de la universidad, hice una pregunta que no estaba prevista. Hablábamos de periodismo, de investigaciones que habían marcado una época y de casos capaces de revelar las relaciones entre la política, la justicia, la policía y los medios de comunicación. Entonces les pregunté si conocían el caso María Soledad Morales. La respuesta fue unánime y contundente: NO.
Debo admitir que me sorprendió. María Soledad fue durante años uno de los nombres más tristemente conocidos de la Argentina. Su rostro estuvo en los diarios, en la televisión, en las calles y en miles de pancartas. Su asesinato estremeció al país, puso al descubierto una trama de poder e impunidad y provocó una movilización que alteró la historia política de Catamarca. Sin embargo, para un grupo de jóvenes que da sus primeros pasos en la universidad, ese nombre no significaba nada.
La coincidencia temporal volvió la escena todavía más inquietante. En estos días se cumplen 36 años de su asesinato. El 8 de septiembre de 1990, María Soledad Morales, una estudiante de 17 años, fue drogada, violada y asesinada después de asistir a una fiesta. Su cuerpo fue encontrado dos días después, abandonado al costado de una ruta. Desde el comienzo, la investigación estuvo atravesada por irregularidades, pruebas destruidas, testigos presionados y sospechas que alcanzaban a familiares y allegados del poder político y policial de Catamarca. Eran los llamados “hijos del poder”.
Hoy podemos decir que María Soledad fue víctima de un femicidio. En 1990, sin embargo, esa palabra no formaba parte del lenguaje cotidiano de los argentinos. El concepto circulaba en ámbitos feministas y académicos, pero aún no había ingresado en nuestro vocabulario público, mediático y jurídico. Faltaban muchos años para que el país comprendiera que determinados asesinatos de mujeres no eran hechos aislados, crímenes pasionales o tragedias privadas, sino la expresión extrema de una violencia sostenida por relaciones desiguales de poder.
El caso ayudó, aun sin contar con esa palabra, a mostrar algo que después aprenderíamos a nombrar. Expuso la violencia ejercida sobre el cuerpo de una mujer, pero también la protección de los poderosos y los mecanismos utilizados para garantizar la impunidad. Las Marchas del Silencio, encabezadas por la hermana Martha Pelloni, convirtieron el dolor en una demanda colectiva. Miles de personas caminaron sin gritar, pero ese silencio terminó haciendo un ruido que atravesó todo el país.
No fue solamente un caso policial. Fue un acontecimiento político, social, judicial y periodístico. La movilización contribuyó a quebrar un régimen de poder que parecía intocable. La televisión llevó el juicio a millones de hogares y permitió advertir actitudes que pusieron en duda la imparcialidad del proceso. El caso mostró las posibilidades del periodismo, pero también sus contradicciones: su capacidad para investigar y visibilizar, junto con su tendencia a convertir el dolor en espectáculo.
Por eso me sorprendió que mis alumnos no conocieran la historia. Mi primera reacción pudo haber sido pensar que los jóvenes ya no saben nada o que no se interesan por el pasado. Pero sería una explicación demasiado cómoda e injusta. Ellos nacieron muchos años después. No tienen por qué recordar espontáneamente aquello que no vivieron y que nadie se ocupó de transmitirles.
La pregunta, entonces, no debería dirigirse solamente a los estudiantes. Debería interpelarnos a nosotros: ¿quién tenía que contarles esta historia? ¿La escuela, los medios, las familias, la universidad? ¿En qué momento un acontecimiento que conmovió al país dejó de formar parte de su memoria compartida?

Democracia y capacidad de comprender
En estos mismos días se conocieron los resultados de las pruebas PISA 2025. Los datos muestran un nuevo retroceso de la Argentina en lectura, matemática y ciencias, dentro de un panorama también preocupante para buena parte de América Latina. Estas evaluaciones no miden solamente contenidos escolares, sino la capacidad de comprender textos, interpretar información, relacionar conocimientos y resolver problemas.
Sería apresurado afirmar que mis alumnos desconocen el caso María Soledad como consecuencia de las dificultades reveladas por PISA. Una evaluación de comprensión lectora no mide la memoria histórica de una sociedad. Sin embargo, ambos episodios pueden hablarnos de un problema común: atravesamos una crisis de transmisión.
Por un lado, aparecen dificultades para leer profundamente, comprender y relacionar información. Por otro, se debilitan los mecanismos mediante los cuales una generación entrega a la siguiente las historias que considera importantes. Si faltan las herramientas para comprender y se interrumpe la transmisión de la memoria, interpretar el presente se vuelve mucho más difícil.
Y este no es solamente un problema educativo. También es político.
Una democracia necesita ciudadanos capaces de comprender información, reconocer hechos y construir criterios propios. Podemos tener ideologías diferentes, discutir las causas de los problemas y proponer soluciones enfrentadas. Pero para que esa discusión sea posible debe existir un suelo común: hechos que podamos reconocer y palabras cuyo significado no cambie según la conveniencia del momento.
Ese suelo se ha vuelto cada vez más frágil. Las redes sociales no inventaron la mentira, la agresión ni la manipulación política, pero transformaron su velocidad, su alcance y su capacidad de influencia. Una información falsa puede recorrer el país en pocos minutos; una frase sacada de contexto puede instalar una acusación; una imagen alterada puede despertar indignación antes de que alguien se pregunte de dónde proviene.
Las redes premian aquello que consigue una reacción inmediata. El miedo, la bronca y el escándalo circulan con mayor facilidad que una explicación compleja. Provocar suele resultar más eficaz que argumentar. A veces ya no hace falta demostrar una afirmación: alcanza con repetirla y conseguir que un grupo la reconozca como parte de su identidad.
Por eso, la comprensión lectora no sirve solamente para aprobar una materia. Sirve para distinguir un dato de una opinión, comparar fuentes y advertir cuándo un mensaje busca informarnos o simplemente provocar una reacción. También necesitamos conocimientos matemáticos para interpretar porcentajes, encuestas y estadísticas utilizados diariamente en la discusión pública. Las capacidades evaluadas por PISA tienen, en ese sentido, una dimensión profundamente democrática.
Esto no significa que las emociones sean enemigas de la política. La indignación frente a una injusticia, la solidaridad y el dolor han impulsado grandes transformaciones. Las Marchas del Silencio también nacieron de una emoción. La diferencia está entre una emoción que se organiza y construye una demanda de justicia, y otra manipulada para fabricar enemigos, clausurar preguntas o convertir la frustración en violencia.
En el caso María Soledad, el dolor de una familia y una comunidad consiguió romper un cerco de impunidad. En buena parte de nuestra conversación pública actual, en cambio, la bronca corre el riesgo de convertirse en hostilidad. La violencia verbal se naturaliza, el adversario pasa a ser un enemigo y la necesidad de pertenecer termina siendo más importante que la verdad de aquello que se comparte.

Una sociedad más vulnerable
Conocer el caso María Soledad no significa aprender de memoria una fecha o repetir los nombres de los acusados. Significa comprender cómo actúa el poder cuando intenta protegerse, reconocer el valor de una sociedad que se moviliza frente a la impunidad y observar el papel de los medios. Significa descubrir que muchas discusiones actuales sobre violencia de género, justicia y responsabilidad periodística tienen una historia.
Una sociedad no recuerda todo. La memoria colectiva siempre selecciona y también olvida. Pero existen olvidos que deberían preocuparnos, especialmente cuando borran experiencias que costaron dolor, movilización y años de lucha. Si cada generación debe comenzar desde cero, queda más expuesta a repetir los mismos errores y a aceptar como nuevas ideas que la historia ya demostró peligrosas.
Quizás el problema no sea únicamente lo que los jóvenes no saben. También deberíamos preguntarnos qué dejamos de contarles. La ignorancia no siempre nace de la falta de curiosidad; muchas veces es el resultado de una cadena de transmisión que se cortó. Responsabilizar solamente a quienes llegaron últimos sería ignorar a todos los que antes dejamos de hablar.
La pregunta, en definitiva, es qué clase de democracia podemos construir si perdemos la memoria de lo ocurrido y, al mismo tiempo, las herramientas necesarias para comprender lo que ocurre. Una ciudadanía sin memoria, expuesta a la desinformación y acostumbrada a reaccionar antes de comprender, se vuelve más vulnerable frente a cualquier poder que pretenda fabricar una realidad a su medida.
Aquella pregunta inesperada en el aula tuvo, sin embargo, una consecuencia esperanzadora. Al comenzar la clase, mis alumnos no conocían el nombre de María Soledad Morales. Al terminar, ya sabían quién había sido, qué le había ocurrido y por qué su historia continúa siendo importante.
Tal vez educar consista también en eso: descubrir lo que no sabemos, recuperar lo que dejamos de recordar y volver a tender el puente entre una generación y la siguiente. Porque una sociedad necesita aprender a leer y pensar, pero también conservar ciertas historias. No para vivir atrapada en el pasado, sino para comprender el presente y evitar que la impunidad, la violencia y el silencio vuelvan a encontrarnos sin palabras.